PRESOS POLÍTICOS Y AMNISTÍA. Por Ángel Gustavo Cabrera
“Cuando luchaba, luchaba contra el sistema no contra la gente. Cuando
hay cambios hay gente que los acepta, otros se acomodan y algunos los rechazan.
Siempre se debe buscar la mejor solución, la más sabia y la que puede hacer que
la gente se comprometa y sea feliz.”
Lech Walesa, premio Nobel de la
Paz. 1983.
Recientemente estuvieron en
Venezuela tres figuras relevantes a nivel mundial, Oscar Arias, premio Nobel de la Paz 1987, ex presidente de Costa
Rica y quien jugara un papel importante en el proceso de paz en Centroamérica
hace algunas décadas. Nontombi Naomi
Tutu, hija de Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz 1984, activista de los
derechos humanos surafricana que dedica especialmente a los temas de violencia
de género y educación a través de una Fundación creada. Y Lech Walesa, premio Nobel de la Paz 1983, ex líder sindical polaco
en los astilleros de GdansK y ex presidente de su país, el cual trajo un
mensaje de diálogo, entendimiento y organización pacífica de la sociedad para
alcanzar los cambios a los que se aspira. Fueron invitados por La Asamblea
Nacional para intervenir en una sesión solemne por la liberación de los presos
políticos y, en particular de Leopoldo López, al cumplirse dos años del
encarcelamiento del dirigente opositor. Todo esto en el marco de la aprobación
en primera discusión de la Ley de Amnistía que propone la mayoría de los
diputados de la recién electa Asamblea Nacional. Hasta aquí todo parece bien. Lo dañino es la
actitud de los diputados oficialistas y el Gobierno Nacional. En vez de
escucharlos en el Parlamento Nacional, no asistieron en señal de rechazo y
desprecio, igual conducta tuvieron las altas autoridades gubernamentales,
quienes deberían ser garantes del Estado Democrático y dialogar, se cierran en
sus dogmas y visiones unilaterales, alejándose de la gran mayoría que voto por
un cambio en el país. Lo que sucede es que no tienen una postura democrática,
el poder los ha envilecido, convertidos en reaccionarios y de tendencias
fascistas.
¿Quiénes están presos? ¿Por qué se consideran presos políticos? ¿Qué
coyuntura hay en el país en la necesidad de una Ley Nacional de Amnistía a
partir de 1999?
En primer lugar, es necesario
recordar que cuando Chávez llega a la presidencia en 1998 por vía electoral no
encontró presos políticos porque los presos de los últimos alzamientos militares fueron
liberados e indultados por el fenecido Rafael Caldera, del cual el mismo Chávez
salió favorecido, perdonándole su
pena por el Golpe de Estado de 1992. De
tal manera que los presos políticos actuales provienen de todas aquellas
personas que han estado involucrados en beligerancia social y de protesta a partir de 1999, entre ellos
la intentona golpista contra Chávez de 2002, las protestas a lo largo de todos
estos años y la más reciente las protestas del año 2014 que se extendieron por
todo el país contra la deteriorada situación económica la inseguridad
social, de la cual el gobierno en vez de buscar el diálogo y la
conciliación actuó con represión sacando los militares a la calle con un saldo
cruento de 43 vidas asesinadas. Hay
presos políticos hombres y mujeres, dirigentes sociales, obreros y políticos,
jóvenes estudiantes, militares y policías. Se
consideran presos políticos porque fueron detenidos y apresados por
participar en actos políticos diversos en virtud del derecho constitucional a
la protesta (Artículo 68), incluso,
muchos de ellos con expedientes acusatorios construidos en los propios
tribunales por órdenes expresas del Poder Ejecutivo.
En el caso concreto del dirigente político
del Partido Voluntad Popular, Leopoldo
López, el gobierno lo acusa de dirigir las acciones violentas de Febrero de
2014 y a través de sus órganos de justicia lo condenan por “asociación para delinquir” según la Ley
Contra la Delincuencia Organizada, es decir un hecho político es desviado hacía
el delito organizado. Esta torcida interpretación de la justicia es propia de
gobiernos dictatoriales que se dan a la tarea de criminalizar toda acción de
protesta y negarles el derecho a la justa defensa. ¿Hay una coyuntura favorable para aplicar una Ley de Amnistía en
nuestro país? Si la hay, porque los
motivos de las protestas están vigentes y en medio de la crisis aguda que
atraviesa el país se necesita un ambiente de paz y de diálogo. En segundo lugar
es evidente que en nuestro país no hay Estado de Derecho y que las
Instituciones de Justicia están controladas por el Poder Ejecutivo, si la
cúpula política dirigida por Nicolás Maduro y Diosdado Cabellos dicen que esa
Ley no se debe aplicar, entonces el TSJ, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo
se arrodillan ante ese mandato. Hoy nuestros presos políticos tienen la
posibilidad de ser escuchados porque hay una Asamblea Nacional que no obedece a
los designios de Miraflores sino a las leyes y a la protección de los derechos
humanos.
El problema de fondo por lo cual
el gobierno se niega a reconocer la Ley de Amnistía es porque se considerarían
derrotados y legitimarían a sus opositores. Pero este es un punto de vista
mezquino, contrario a los derechos humanos y a la esencia de un sistema democrático, donde el gobierno
es el más interesado en dialogar y establecer puentes de acercamiento. Además
que es Constitucional y le corresponde a la Asamblea debatirla y aprobarla (Articulo 187, numeral 5 de la CNRBV).
Pero la bancada oficialista, ni siquiera se dignó en participar en la Comisión
encargada para la revisión y aprobación en segunda discusión, sino que de plano
la negó de manera absoluta, alegando que
allí no está el sentir de las víctimas. En ese sentido cabe señalar que los
presos políticos no están allí por ser criminales o pertenecer a bandas
criminales, sino por acciones políticas y de luchas sociales. En todo caso las
victimas existen pero le corresponde al gobierno buscar a los victimarios, que
de seguro están en sus órganos represivos policiales, militares, y colectivos
civiles aupados y protegidos por el gobierno del Señor Nicolás Maduro. Lo que
sucedió es que en todo este proceso de gobierno chavista se acostumbraron a ver
al país como una simple bodega donde se despachan y se dan el vuelto. El ex presidente Oscar Arias, lo relata de
otra manera: “Hugo Chávez llegó al gobierno por la urnas, el pueblo lo escogió,
pero utilizó el poder para socavar las instituciones democráticas. El perjuicio
ha llegado al extremo de haber terminado con la separación de poderes, que es
la esencia de la democracia desde los tiempos de Montesquieu. Hoy el Poder
Judicial recibe órdenes del Poder Ejecutivo. En definitiva, Chávez utilizó el
poder para hacer de Venezuela lo que es hoy: Un Estado fallido.” El Nacional.
21-02-2016.
