EL PODER JUDICIAL Y EL EFECTO
AFIUNI
A mi hermana Rosalia Cabrera.
In memoria.
“Ahora si llegamos a esa
conclusión de que aquí no hay Estado de Derecho, ¿tenemos también que aceptar
que estamos en un Estado Totalitario?
- No es totalitario absoluto, porque estamos en uno de esos regímenes
donde puedes andar y se respeta algunos vestigios del derecho para guardar
formas a las que le saca provecho. Yo no diría entonces que estamos en una
situación totalitaria de forma absoluta. Es un totalitarismo relativo.
Es decir, que este caso Afiuni
desde esta perspectiva, en el sentido de que está secuestrada y seguirá así por
lo menos dos años más… - No creo
que sean tan bruto. El gobierno tiene que sopesar si un extremo tan radical puede
ayudarlo de alguna manera. Yo creo que eso en vez de ayudar al régimen lo
perjudica. No le interés tener a una mujer presa y que todo el mundo sepa sin
motivo alguno, no lo veo viable.” Tomado
del libro CHAVEZ ME PUSO PRESA. Entrevista de Agustín Blanco Muñoz a la juez María
Lourdez Afiuni. Caracas. Junio 2012. Pág. 351.
Hace catorce años le regalé a mi
hermana Rosalía Cabrera el libro del historiador Agustín Blanco Muñoz titulado “CHAVEZ
ME PUSO PRESA. Habla la juez María Lourdes Afiuni. En su primera
página, como es costumbre, le coloqué la siguiente dedicatoria: “El caso
de la juez Afiuni es emblemático para la justicia venezolana en estos años y
Agustín Blanco Muñoz es testigo de excepción de la historia política venezolana
del siglo pasado y el presente. Y usted,
mi querida hermana abogado, una persona interesada en el tema del derecho
penal, por demás interesante. Angel, 31/12/2012”. Recuerdo que el caso
de la jueza María Lourdes Afiuni causó un escándanlo en la sociedad venezolana,
en las universidades y específicamente en los medios del Poder Judicial, porque
el presidente Chávez le pidió a la magistrada Luisa Estela de Morales,
presidenta del TSJ, que le aplicaran una condena de 30 años a la jueza Afiuni por
haber puesto en libertad a un conocido banquero, Eligio Cedeño, mediante una
medida cautelar. En el argot del derecho penal la cautelar es una medida de
gracia que se aplica al detenido por no encontrar suficientes pruebas para
mantenerlo preso por tiempo indefinido sin ser juzgado, considerando que se
podía juzgar en libertad porque el caso así lo revestía. La juez María Lourdes
Afiuni estaba interpretando el derecho penal en su condición de juez de control
de los tribunales de Caracas. Esto enfureció al presidente de la República y se
pronunció contra la juez. Volveremos
sobre el tema en este ensayo. Eligio Cedeño llevaba casi tres años preso y
además había un exhorto de la ONU sobre solicitando su libertad.
Estudiaremos el caso haciendo
un poco de historia sobre el derecho penal en Venezuela y luego el porque ese
escandalo judicial se convirtió en el llamado Efecto Afiuni.
Recuerdo, mucho más joven que
ahora, por allá por los años ochenta del siglo pasado, el escandalo en la opinión
pública del horrible secuestro y muerte del niño Vegas Pérez, atribuido a una
casta de apellidos privilegiados de la sociedad caraqueña, jóvenes ricos que se
dedicaban a farrear, disfrutar de fiestas y el añadido de las drogas. Uno de
los móviles del secuestro era para pagar deudas de drogas, los delincuentes
cobraron el rescate, pero el niño se les murió en la maleta del carro por
asfixia de los gases venenosos del monóxido de carbono. Al
final no hubo culpables por la venalidad de los jueces en los tribunales, como
lo señala dos testigos de excepción. El primero, el ex – comisario de la PTJ
(Policía Técnica Judicial) Fermín Mármol León, quien plantea en su libro “Cuatro
crímenes Cuatro Poderes” que el crimen quedó impune porque poderosos factores
económicos y sociales habían influido para exculpar a los acusados. El
otro es el político Teodoro Petkoff, quien escribe en el prologo del libro “La
verdad sobre el caso Vegas”, publicado en 1980, lo siguiente: “A
la venalidad de una inmensa porción de jueces, a las vagabunderías que todos
los días se escenifican en muchos tribunales, se unen las insuficiencias
estructurales de un sistema judicial anticuado, pesado y cuyos canales se
encuentran semi – obturados. Los juicios de los pobres se arrastran durante
años y no son poco los casos en que algún infeliz, después de purgar cuatro o
cinco años de prisión, resultan absueltos o condenados a pocos meses”.
Quienes venimos de esa Venezuela del siglo pasado damos fe de esa corrupta y
cómplice realidad, no solo en el Poder Judicial, sino en toda la
institucionalidad de la democracia representativa y lo malo es que a vuelta de
casi seis décadas, seguimos en lo mismo y quizás peor con la era chavista desde
1999 hasta nuestros días.
Para diciembre de 1984 el
presidente Jaime Lusinchi decretó la Ley para la Reforma del Estado Venezolano
con los diversos actores de la sociedad venezolana. Intelectuales, políticos,
profesionales, representantes gremiales, culturales, etc. fueron convocados para
hacer una radiografía del Estados Venezolano, investigar sus fallas y anomalías
que estaban contribuyendo al fomento de la corrupción, ineficacia y parálisis,
con el objeto de considerar sus correcciones. Uno de los invitados fue el
Doctor Arturo Uslar Pietri, y esto fue lo que dijo en relación con el Poder
Judicial: “Es un clamor unánime que se oye crecientemente en todo el
país el que se eleva contra las fallas de nuestro Poder Judicial. Continuamente
se acusa a los jueces de incompetentes, de sumisos en extremos a los
correspondientes partidos políticos que los han designado y aún en no pocos
casos de venales. Todo el sistema de la justicia venezolana tiene que ser replanteado
con miras a dos fines principales: hacerla más eficaz y respetable y hacerla
más expedita”. Plantea crear la carrera judicial y designar a los
jueces por concurso con antecedentes favorables, asegurando su permanencia definitiva
en los cargos, salvo graves infracciones y faltas cometidas comprobadas. Además,
agrega sacar al sistema judicial de los tentáculos dañinos de intereses
partidistas corruptos. (Puede ampliar en Documentos para la Reforma del
Estado. Volumen I. El Liderazgo Nacional. Edición de la Comisión Presidencial
para la Reforma del Estado. Caracas. 1984. Pág. 124-125.)
Pasado varios años esos mismos
intereses partidistas y grupos de poder político y económico torpedearon
cambios posibles y peor aun adaptaron sus corruptelas a los cambios, con aquel
vulgar refrán que se ha popularizado: “quien hace la ley hace la trampa”. En
pocas palabras lo importante era una nueva legislación, no obstante, su
cumplimiento era imprescindible. Veamos lo que expone en el otrora Congreso
Nacional bicameral, el diputado Moises Moleiro en aquel histórico debate
sobre el Golpe de Estado del 4 de febrero de 1989, causas y consecuencias.
“En el momento en que se firmó el
pacto por la Reforma, un hombre vinculado al partido de Gobierno, que
denodadamente ha luchado por la reforma, cuyo nombre no me siento autorizado, a
decir me dijo: “Este será el pacto por las reformitas”. La mitad de lo que
quería La COPRE (Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado) ha
sido reducido, hecho polvo y las reformitas tampoco se adelantaron. La COPRE,
por lo menos el presidente de la COPRE estaba demasiado pendiente de los
humores del presidente Lusinchi y de las decisiones del CEN de Acción
Democrática y las reformas caminaban a paso tardío. Cuando se le puso la
mano a la justicia, cuando se pervirtió la justicia en Venezuela, manipulándola
con jueces dependientes, se estaban creando las bases del 4 de febrero. No
solo aparecieron las tribus judiciales, apareció además un proceso de
corrupción del Poder Judicial. Cualquiera sabe que, en los tribunales, en
Venezuela, hay tarifas, que un determinado delito vale tanto, que otro vale
otro precio. Cualquiera que tenga un familiar preso sabe que tiene que desembolsar
una cantidad de dinero para arreglar el asunto y liberarlo. Esto nació de la
manía de nombrar jueces por medio de un reparto partidista, ahora a través del
llamado Consejo de la Judicatura, que no es otra cosa que repartir los cargos
de jueces por designación de los partidos preponderantes del país.”
Esta es, grosso modo, la historia
reciente del Poder Judicial en las últimas décadas del siglo pasado. El país
entero esperaba no solo un nuevo Poder Judicial para este siglo XXI, sino
cambios estructurales en nuestro sistema democrático, que se inauguraba con una
nueva Constitución Nacional. El país que tenemos hoy, no exhibe buenos resultados, es algo peor su
imagen y desempeño, ahora tutelado por una potencia extranjera, quien lo iba
pensar hace tres décadas atrás. Parece que estuviéramos en la infancia como
país, porque a la final no podemos hablar de verdadera República de Venezuela. Como
afirma la académica Margarita López Maya recientemente: “El proyecto
chavista fracasó estruendosamente, comenzó con una gran expectativa de
profundizar una democracia en Venezuela y superar los problemas estructurales que
tenía la sociedad venezolana a finales del siglo XX para llevarnos a donde
estamos, donde nunca habíamos estado tan mal…”
Ahora estudiemos el caso detallado de la jueza María Lourdes
Afiuni a partir de que es noticia en 2009 y las presidencias de HCF y
Nicolas Maduro, hasta la presidente interina Delcy Rodríguez, en un contexto
del Poder Judicial, que no va a cambiar de las viejas críticas, mas bien se
profundiza, y sin guardar discreción, se convierte en un apéndice del Poder
Ejecutivo y del PSUV.
El 10 de diciembre de 2009, la
abogada María Loudez Afiuni, jueza del Tribunal 31de Primera Instancia en
funciones de Control de Caracas, firmó una medida cautelar sustitutiva de la
privación de libertad a favor del banquero Eligio Cedeño, quien llevaba casi
tres años detenido sin juicio. Todos los procedimientos formales se cumplen.
Por consiguiente, la jueza firmo la boleta de excarcelación y Eligio Cedeño abandona
el Tribunal, mientras a la juez la detienen simultáneamente y la conducen a la
DISIP. La juez pregunta ¿Por qué la detienen?, le responde un Fiscal: no
sabemos todavía, pero ya inventaremos algo. Al día siguiente, el
presidente de la república exigió en cadena nacional una condena de treinta
años y señaló que ya se había comunicado con la presidenta del TSJ, Luisa
Estela Morales, mientras que la Fiscal Luisa Ortega respaldó la tesis que Afiuni
había actuado ilegalmente. Hay que recordar que para ese año el chavismo ya
estaba en proceso de la llamada “emergencia judicial” que significaba una
extensa sustitución de jueces por otros afectos al chavismo y el olvido del
ingreso por concurso de oposición y credenciales, de tal manera que ahora el
ingreso seria por contrato, sin estabilidad, y lo más importantes obedientes a
Miraflores. Era un volver al pasado, con la diferencia que ahora era
monolítico.
En enero de 2010, la fiscalía formalizó
los cargos contra María Lourdez Afiuni: Corrupción propia, favorecimiento para la
evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad. Cuatro cargos,
todos graves sobre el papel, pero lo más importante de la acusación no aparecía
por ningún lado, las pruebas del soborno. Y entonces ¿Cómo la acusaban de
corrupción? Un segundo juicio comenzó el 29 de abril de 2015 bajo el juez
Manuel Antonio Bognano. Se suspendió, se difirió, se pospuso una y otra
vez. 4 años de audiencias intermitentes, de comparecencias fantasmas y nada. Y
entonces el 21 de marzo de 2019, el juez Bognano dictó sentencia por 5 años de
prisión por corrupción propia, pero como no había dinero ni soborno, la
fiscalía invento construyó un argumento que no tiene precedente en el derecho
penal, lo llamaron corrupción espiritual, debido a los beneficios que
recibió por el respaldo de los Organismos Internacionales de la ONU, el
Parlamento Europeo y Amnistía Internacional.
El relator de la ONU calificó como un “acto de represalia”. Sin embargo,
la Corte de Apelaciones ratificó la condena el 15 de octubre de 2019 y la Sala
Penal del TSJ confirmó el 8 de noviembre de 2020 y como si no fuer suficiente
el 26 de septiembre de 2019 el Tribunal Disciplinario Judicial destituyó a la
juez Afiuni por 15 años de inhabilitación para funciones judiciales, sin
citarla, sin notificarla, sin permitirle defenderse.
Pero lo peor fue el ensañamiento
contra la Doctora María Lourdes Afiuni. 14 meses encarcelada en el Centro
Nacional de Orientación Femenina de Los Teques (INOF) donde sufrió vejámenes,
torturas y hasta una monstruosa violación, denunciada públicamente. Enferma,
hospitalizada y operada, se vieron obligados a darle el “beneficio” de casa por
cárcel condicionada, imposibilitada de declarar a los medios de comunicación,
prohibición de tramites legales y salida del país. Esto ocurre el 02 de febrero
de 2011. Además, que ya las comisiones respectivas de los Derechos Humanos de
la ONU habían producido remitidos e informes al gobierno venezolano por el
respeto a los DDHH de la procesada.
¿Por qué tanta saña contra
esta juez? ¿Qué importancia reviste el banquero Eligio Cedeño?
Queda demostrado que había un
interés político. De allí es que se empieza a hablar del EFECTO AFIUNI. Se
acabo la autonomía del Poder Judicial, toda decisión en tribunales debe pasar
por el tamiz de la aprobación política, sobre todo en los casos emblemáticos. La
investigadora de la UCV Margarita López Maya, en su libro EL OCASO DEL
CHAVISMO se refiere a unos antecedentes que vale la pena destacar: “Fue
emblemático el caso de la juez Yuri López, quien en 2008 pidió asilo en Los
Estados Unidos. La juez llevaba el caso de Elijio Cedeño, empresario preso en
2007 acusado de estafa al Estado Venezolano, al que se le posponía una y otra
vez el juicio. Se le consideraba un preso personal del presidente Chávez,
supuestamente por un agravio que le hiciera y que nunca ha trascendido al
público. Una vez en el exilio, la juez describió como los jueces venían recibiendo
constantes presiones, eran amenazados abiertamente y se les interviene sus
teléfonos, como estrategias para obligarlos a tomar decisiones que favorecieran
los intereses del gobierno (Noticias 24, 2009)” Pág.244
Eligio Cedeño, el 8 de febrero
de 2007 se presentó voluntariamente a declarar, no huyo, no se escondió, cumplió
con la citación y lo dejaron preso sin causa alguna. A los pocos días lo
acusaron de tres delitos: contrabando por simulación de importación,
distracción de recursos bancarios y obtención fraudulenta de dólares
preferenciales a través de CADIVI. Todo giraba alrededor del caso Microstar,
una operación de importación de equipos informáticos por 27 millones de
dólares, que la fiscalía calificó de ficticia. Allí empezó el retardo
procesal como estrategia para mantenerlo preso de manera arbitraria y sin
juicio alguno. Eligio Cedeño, era un preso de Chávez por dos motivos, financió
a la oposición política, ayudó con dinero al líder sindical Carlos Ortega a
salir del país por los llamados caminos verdes, eran amigos personales. En
segundo lugar, hay rumores que Eligio Cedeño dejo plantada a la hija del
presidente, María Gabriela.
Afiuni no es solo la historia de
una jueza, es el manual de instrucciones de como se mata a un poder judicial
entero. La ultima noticia de este sonado caso fue el levantamiento de la pena,
su liberación definitiva, dando por concluido el caso. Veamos como lo
explica Telma Fernández, quien es abogado penalista y abogada de María Lourdez
Afiuni:
“El Tribunal ha declarado
la extinción de la pena por cumplimiento, pero no lo anuló. Significa que
recuperó su libertad, pero para el Estado venezolano sigue siendo culpable.
Hay un cierre definitivo de la causa penal, después de casi 17 años, marcado
por sufrimiento, horror, de violaciones al debido proceso y a los derechos
humanos. Pero, hay que dejar claro, que esta extinción no borras los años de
tortura física y psicológicas en contra de la jueza Afiuni y los daños a su
familia. Por eso no podemos decir que se hizo justicia. Habrá justicia cuando
se reconozca la verdad, cuando se reconozca lo que verdaderamente hubo detrás
de ese caso a Eligio Cedeño. Cuando haya reparación del daño y cuando todos y
cada uno de los funcionarios que incurrieron en todas las atrocidades que
sufrió la juez Afiuni, que rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus
delitos. En fin, de cuentas, que se reconozca que a María Lourdez Afiuni no
se le persiguió porque dictó una decisión judicial que viola la ley, sino por
cumplirla. Una decisión que resultó incomoda al poder político. Cuando haya una
reparación integral de los daños. Cuando quede definitivamente en el pasado y
los jueces puedan dictar decisiones ajustadas a derecho, con libertad, con
honor y con imparcialidad, sin quedar sometido a intereses políticos de turno.
El caso de la jueza Afiuni
es el caso del preso político con más pronunciamientos internacionales en lo
que respecta a violaciones de derechos humanos y en lo que se refiere a la
falta de independencia judicial en Venezuela. Hay abierta una
demanda con el tema de la indemnización que no ha tenido resultado hasta la
fecha, pero que la tendrá. Y el Estado Venezolano, sin importan quien este
en el poder en ese momento, debe responder y debe reparar de manera integral
todo el daño que sufrió la jueza Afiuni, desde restitución, anulación de la
sentencia y restitución económica.
Finalmente, y no es poca cosa,
la jueza María Lourdez Afiuni tiene serios problemas de salud, se le
encontraron tres tumores oncológicos, los cuales deben ser tratados con extrema
urgencia. La degradación de la jueza Afiuni no es un hecho fortuito, no es un
hecho aislado. Hay que recordar que durante mucho tiempo se le negó la
atención medica oportuna, adecuada y de su libre elección y eso fue haciendo
mella en su salud, aparte del daño directo que se le causó cuando fue victima
de una violación sexual por funcionarios del Estado, en donde se le destruyeron
órganos importantes. Son torturas físicas y psicológicas que dejan su
secuela moral y orgánica. Ella quiere ir pronto a los Estados Unidos para internarse
y recuperarse fuera, al lado de su hija y de sus nietos. Entonces la lucha
ahora es por la agilidad de recuperar sus documentos necesarios para poder
salir del país”.
La abogada Telma Fernández habla
de los responsables, aunque no los nombra, ellos saben quiénes son. Son
aquellos que les recae el llamado espíritu de la culpa. El columnista Jorge
Luis Garcés, en un articulo del 11 de agosto titulado: Caso Afiuni: El espíritu
de la culpa nos dice: “En el derecho penal, la culpa tiene una
definición precisa y fría. Para la dogmática penal -como bien sistematizo Hanz
Welzel -, se trata de una infracción al deber objetivo de cuidado: la
inobservancia de la dirección finalista de la voluntad que, pudiendo y debiendo
evitarse, se materializa en un daño. Pero hay otra culpa, una que no aparece en
ningún código y que, sin embargo, pesa más. Es el espíritu de la culpa: esa
mancha que se lleva en lo más hondo del alma cuando a sabiendas y de la
inocencia y de la infamia que se está cometiendo, se elige seguir adelante.
Hay un engranaje donde cada pieza fue cómplice necesaria de la atrocidad. Chávez
dio la orden en cadena nacional. Ortega Diaz acuso; dio forma jurídica a la
persecución. El juez Manuel Antonio Bognano condenó; firmo la sentencia por
cinco años por “corrupción propia” cuando ni siquiera la Fiscalía pudo
demostrar que hubiera existido un solo bolívar de por medio. Y para cerrar el
cerco de la infamia, la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, desde la Sala de
Casación Penal del TSJ actuó como ponente para calificar aquel despropósito
sellando con su firma la violación de la arbitrariedad en la máxima instancia.
Y por si fuera poco, en el INOF ejecutaban”
Esta es, a grandes rasgos la
historia de nuestro Poder Judicial, de la justicia venezolana en los últimos
cincuenta años. La sociedad venezolana esperaba grandes cambios con “el
gendarme necesario” y lo que vino fue la barbarie, que no tiene comparación con
el acontecer político, social e histórico desde que somos república, desde
1830. Nótese que en la cita introductoria la juez María Lourdez Afiuni se equivoca
en la percepción que tiene del régimen chavista e incluso que su caso no pasaba
de dos años. El historiador Elías Pino
Iturrieta habla que el chavismo no solo es antirrepublicano, sino que escarbo
en las viejas mentalidades colonialistas de la sumisión y la hegemonía
absolutista, su naturaleza nunca fue, ni lo será democrática. Termino
con un planteamiento de la ya citada Margarita López Maya que, si bien es el
final de uno de sus libros con fecha de 15 de julio de 2016, tiene hoy en día
una gran vigencia:
“El desafío es entonces
enorme, porque no se trata de transitar una nueva epopeya heroica, otro sueño
de grandeza desproporcionado, sino de plantar las bases de una autentica
republica civil y democrática. Para ello hará falta el esfuerzo sostenido de
todos, con la mirada puesta en un horizonte que empiece por valorar la vida
cotidiana con sus rutinas y pequeñas conquistas diarias, con educación de
calidad, en el camino hacia crecientes libertades e igualdades para todos, en
el marco del imperio de la ley. Caracas, 15 de julio de 2016.
Con la acotación, que sería un
error echar al olvido tantas víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus responsables,
aun en libertad, que se han acumulado desde 2014 en adelante, porque es cultivo
para que persista el resentimiento, el odio social y la impunidad. Esa ha sido,
en gran parte, la tragedia venezolana.
