EL PODER JUDICIAL Y EL EFECTO AFIUNI

 

EL PODER JUDICIAL Y EL EFECTO AFIUNI

A mi hermana Rosalia Cabrera. In memoria.

 

“Ahora si llegamos a esa conclusión de que aquí no hay Estado de Derecho, ¿tenemos también que aceptar que estamos en un Estado Totalitario?  - No es totalitario absoluto, porque estamos en uno de esos regímenes donde puedes andar y se respeta algunos vestigios del derecho para guardar formas a las que le saca provecho. Yo no diría entonces que estamos en una situación totalitaria de forma absoluta. Es un totalitarismo relativo.

Es decir, que este caso Afiuni desde esta perspectiva, en el sentido de que está secuestrada y seguirá así por lo menos dos años más…  - No creo que sean tan bruto. El gobierno tiene que sopesar si un extremo tan radical puede ayudarlo de alguna manera. Yo creo que eso en vez de ayudar al régimen lo perjudica. No le interés tener a una mujer presa y que todo el mundo sepa sin motivo alguno, no lo veo viable.”  Tomado del libro CHAVEZ ME PUSO PRESA. Entrevista de Agustín Blanco Muñoz a la juez María Lourdez Afiuni. Caracas. Junio 2012. Pág. 351.

 

Hace catorce años le regalé a mi hermana Rosalía Cabrera el libro del historiador Agustín Blanco Muñoz titulado “CHAVEZ ME PUSO PRESA. Habla la juez María Lourdes Afiuni. En su primera página, como es costumbre, le coloqué la siguiente dedicatoria: “El caso de la juez Afiuni es emblemático para la justicia venezolana en estos años y Agustín Blanco Muñoz es testigo de excepción de la historia política venezolana del siglo pasado y el presente.  Y usted, mi querida hermana abogado, una persona interesada en el tema del derecho penal, por demás interesante. Angel, 31/12/2012”. Recuerdo que el caso de la jueza María Lourdes Afiuni causó un escándanlo en la sociedad venezolana, en las universidades y específicamente en los medios del Poder Judicial, porque el presidente Chávez le pidió a la magistrada Luisa Estela de Morales, presidenta del TSJ, que le aplicaran una condena de 30 años a la jueza Afiuni por haber puesto en libertad a un conocido banquero, Eligio Cedeño, mediante una medida cautelar. En el argot del derecho penal la cautelar es una medida de gracia que se aplica al detenido por no encontrar suficientes pruebas para mantenerlo preso por tiempo indefinido sin ser juzgado, considerando que se podía juzgar en libertad porque el caso así lo revestía. La juez María Lourdes Afiuni estaba interpretando el derecho penal en su condición de juez de control de los tribunales de Caracas. Esto enfureció al presidente de la República y se pronunció contra la juez.  Volveremos sobre el tema en este ensayo. Eligio Cedeño llevaba casi tres años preso y además había un exhorto de la ONU sobre solicitando su libertad.

Estudiaremos el caso haciendo un poco de historia sobre el derecho penal en Venezuela y luego el porque ese escandalo judicial se convirtió en el llamado Efecto Afiuni.

 

Recuerdo, mucho más joven que ahora, por allá por los años ochenta del siglo pasado, el escandalo en la opinión pública del horrible secuestro y muerte del niño Vegas Pérez, atribuido a una casta de apellidos privilegiados de la sociedad caraqueña, jóvenes ricos que se dedicaban a farrear, disfrutar de fiestas y el añadido de las drogas. Uno de los móviles del secuestro era para pagar deudas de drogas, los delincuentes cobraron el rescate, pero el niño se les murió en la maleta del carro por asfixia de los gases venenosos del monóxido de carbono.   Al final no hubo culpables por la venalidad de los jueces en los tribunales, como lo señala dos testigos de excepción. El primero, el ex – comisario de la PTJ (Policía Técnica Judicial) Fermín Mármol León, quien plantea en su libro “Cuatro crímenes Cuatro Poderes” que el crimen quedó impune porque poderosos factores económicos y sociales habían influido para exculpar a los acusados. El otro es el político Teodoro Petkoff, quien escribe en el prologo del libro “La verdad sobre el caso Vegas”, publicado en 1980, lo siguiente: “A la venalidad de una inmensa porción de jueces, a las vagabunderías que todos los días se escenifican en muchos tribunales, se unen las insuficiencias estructurales de un sistema judicial anticuado, pesado y cuyos canales se encuentran semi – obturados. Los juicios de los pobres se arrastran durante años y no son poco los casos en que algún infeliz, después de purgar cuatro o cinco años de prisión, resultan absueltos o condenados a pocos meses”. Quienes venimos de esa Venezuela del siglo pasado damos fe de esa corrupta y cómplice realidad, no solo en el Poder Judicial, sino en toda la institucionalidad de la democracia representativa y lo malo es que a vuelta de casi seis décadas, seguimos en lo mismo y quizás peor con la era chavista desde 1999 hasta nuestros días.

Para diciembre de 1984 el presidente Jaime Lusinchi decretó la Ley para la Reforma del Estado Venezolano con los diversos actores de la sociedad venezolana. Intelectuales, políticos, profesionales, representantes gremiales, culturales, etc. fueron convocados para hacer una radiografía del Estados Venezolano, investigar sus fallas y anomalías que estaban contribuyendo al fomento de la corrupción, ineficacia y parálisis, con el objeto de considerar sus correcciones. Uno de los invitados fue el Doctor Arturo Uslar Pietri, y esto fue lo que dijo en relación con el Poder Judicial: “Es un clamor unánime que se oye crecientemente en todo el país el que se eleva contra las fallas de nuestro Poder Judicial. Continuamente se acusa a los jueces de incompetentes, de sumisos en extremos a los correspondientes partidos políticos que los han designado y aún en no pocos casos de venales. Todo el sistema de la justicia venezolana tiene que ser replanteado con miras a dos fines principales: hacerla más eficaz y respetable y hacerla más expedita”. Plantea crear la carrera judicial y designar a los jueces por concurso con antecedentes favorables, asegurando su permanencia definitiva en los cargos, salvo graves infracciones y faltas cometidas comprobadas. Además, agrega sacar al sistema judicial de los tentáculos dañinos de intereses partidistas corruptos. (Puede ampliar en Documentos para la Reforma del Estado. Volumen I. El Liderazgo Nacional. Edición de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Caracas. 1984. Pág. 124-125.)

Pasado varios años esos mismos intereses partidistas y grupos de poder político y económico torpedearon cambios posibles y peor aun adaptaron sus corruptelas a los cambios, con aquel vulgar refrán que se ha popularizado: “quien hace la ley hace la trampa”. En pocas palabras lo importante era una nueva legislación, no obstante, su cumplimiento era imprescindible. Veamos lo que expone en el otrora Congreso Nacional bicameral, el diputado Moises Moleiro en aquel histórico debate sobre el Golpe de Estado del 4 de febrero de 1989, causas y consecuencias.

“En el momento en que se firmó el pacto por la Reforma, un hombre vinculado al partido de Gobierno, que denodadamente ha luchado por la reforma, cuyo nombre no me siento autorizado, a decir me dijo: “Este será el pacto por las reformitas”. La mitad de lo que quería La COPRE (Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado) ha sido reducido, hecho polvo y las reformitas tampoco se adelantaron. La COPRE, por lo menos el presidente de la COPRE estaba demasiado pendiente de los humores del presidente Lusinchi y de las decisiones del CEN de Acción Democrática y las reformas caminaban a paso tardío. Cuando se le puso la mano a la justicia, cuando se pervirtió la justicia en Venezuela, manipulándola con jueces dependientes, se estaban creando las bases del 4 de febrero. No solo aparecieron las tribus judiciales, apareció además un proceso de corrupción del Poder Judicial. Cualquiera sabe que, en los tribunales, en Venezuela, hay tarifas, que un determinado delito vale tanto, que otro vale otro precio. Cualquiera que tenga un familiar preso sabe que tiene que desembolsar una cantidad de dinero para arreglar el asunto y liberarlo. Esto nació de la manía de nombrar jueces por medio de un reparto partidista, ahora a través del llamado Consejo de la Judicatura, que no es otra cosa que repartir los cargos de jueces por designación de los partidos preponderantes del país.”

Esta es, grosso modo, la historia reciente del Poder Judicial en las últimas décadas del siglo pasado. El país entero esperaba no solo un nuevo Poder Judicial para este siglo XXI, sino cambios estructurales en nuestro sistema democrático, que se inauguraba con una nueva Constitución Nacional. El país que tenemos hoy,  no exhibe buenos resultados, es algo peor su imagen y desempeño, ahora tutelado por una potencia extranjera, quien lo iba pensar hace tres décadas atrás. Parece que estuviéramos en la infancia como país, porque a la final no podemos hablar de verdadera República de Venezuela. Como afirma la académica Margarita López Maya recientemente: “El proyecto chavista fracasó estruendosamente, comenzó con una gran expectativa de profundizar una democracia en Venezuela y superar los problemas estructurales que tenía la sociedad venezolana a finales del siglo XX para llevarnos a donde estamos, donde nunca habíamos estado tan mal…”

 

Ahora estudiemos  el caso detallado de la jueza María Lourdes Afiuni a partir de que es noticia en 2009 y las presidencias de HCF y Nicolas Maduro, hasta la presidente interina Delcy Rodríguez, en un contexto del Poder Judicial, que no va a cambiar de las viejas críticas, mas bien se profundiza, y sin guardar discreción, se convierte en un apéndice del Poder Ejecutivo y del PSUV.

El 10 de diciembre de 2009, la abogada María Loudez Afiuni, jueza del Tribunal 31de Primera Instancia en funciones de Control de Caracas, firmó una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad a favor del banquero Eligio Cedeño, quien llevaba casi tres años detenido sin juicio. Todos los procedimientos formales se cumplen. Por consiguiente, la jueza firmo la boleta de excarcelación y Eligio Cedeño abandona el Tribunal, mientras a la juez la detienen simultáneamente y la conducen a la DISIP. La juez pregunta ¿Por qué la detienen?, le responde un Fiscal: no sabemos todavía, pero ya inventaremos algo. Al día siguiente, el presidente de la república exigió en cadena nacional una condena de treinta años y señaló que ya se había comunicado con la presidenta del TSJ, Luisa Estela Morales, mientras que la Fiscal   Luisa Ortega respaldó la tesis que Afiuni había actuado ilegalmente. Hay que recordar que para ese año el chavismo ya estaba en proceso de la llamada “emergencia judicial” que significaba una extensa sustitución de jueces por otros afectos al chavismo y el olvido del ingreso por concurso de oposición y credenciales, de tal manera que ahora el ingreso seria por contrato, sin estabilidad, y lo más importantes obedientes a Miraflores. Era un volver al pasado, con la diferencia que ahora era monolítico.

En enero de 2010, la fiscalía formalizó los cargos contra María Lourdez Afiuni: Corrupción propia, favorecimiento para la evasión, asociación para delinquir y abuso de autoridad. Cuatro cargos, todos graves sobre el papel, pero lo más importante de la acusación no aparecía por ningún lado, las pruebas del soborno. Y entonces ¿Cómo la acusaban de corrupción? Un segundo juicio comenzó el 29 de abril de 2015 bajo el juez Manuel Antonio Bognano. Se suspendió, se difirió, se pospuso una y otra vez. 4 años de audiencias intermitentes, de comparecencias fantasmas y nada. Y entonces el 21 de marzo de 2019, el juez Bognano dictó sentencia por 5 años de prisión por corrupción propia, pero como no había dinero ni soborno, la fiscalía invento construyó un argumento que no tiene precedente en el derecho penal, lo llamaron corrupción espiritual, debido a los beneficios que recibió por el respaldo de los Organismos Internacionales de la ONU, el Parlamento Europeo y Amnistía Internacional.  El relator de la ONU calificó como un “acto de represalia”. Sin embargo, la Corte de Apelaciones ratificó la condena el 15 de octubre de 2019 y la Sala Penal del TSJ confirmó el 8 de noviembre de 2020 y como si no fuer suficiente el 26 de septiembre de 2019 el Tribunal Disciplinario Judicial destituyó a la juez Afiuni por 15 años de inhabilitación para funciones judiciales, sin citarla, sin notificarla, sin permitirle defenderse.

Pero lo peor fue el ensañamiento contra la Doctora María Lourdes Afiuni. 14 meses encarcelada en el Centro Nacional de Orientación Femenina de Los Teques (INOF) donde sufrió vejámenes, torturas y hasta una monstruosa violación, denunciada públicamente. Enferma, hospitalizada y operada, se vieron obligados a darle el “beneficio” de casa por cárcel condicionada, imposibilitada de declarar a los medios de comunicación, prohibición de tramites legales y salida del país. Esto ocurre el 02 de febrero de 2011. Además, que ya las comisiones respectivas de los Derechos Humanos de la ONU habían producido remitidos e informes al gobierno venezolano por el respeto a los DDHH de la procesada.

¿Por qué tanta saña contra esta juez? ¿Qué importancia reviste el banquero Eligio Cedeño?

Queda demostrado que había un interés político. De allí es que se empieza a hablar del EFECTO AFIUNI. Se acabo la autonomía del Poder Judicial, toda decisión en tribunales debe pasar por el tamiz de la aprobación política, sobre todo en los casos emblemáticos. La investigadora de la UCV Margarita López Maya, en su libro EL OCASO DEL CHAVISMO se refiere a unos antecedentes que vale la pena destacar: “Fue emblemático el caso de la juez Yuri López, quien en 2008 pidió asilo en Los Estados Unidos. La juez llevaba el caso de Elijio Cedeño, empresario preso en 2007 acusado de estafa al Estado Venezolano, al que se le posponía una y otra vez el juicio. Se le consideraba un preso personal del presidente Chávez, supuestamente por un agravio que le hiciera y que nunca ha trascendido al público. Una vez en el exilio, la juez describió como los jueces venían recibiendo constantes presiones, eran amenazados abiertamente y se les interviene sus teléfonos, como estrategias para obligarlos a tomar decisiones que favorecieran los intereses del gobierno (Noticias 24, 2009)” Pág.244

Eligio Cedeño, el 8 de febrero de 2007 se presentó voluntariamente a declarar, no huyo, no se escondió, cumplió con la citación y lo dejaron preso sin causa alguna. A los pocos días lo acusaron de tres delitos: contrabando por simulación de importación, distracción de recursos bancarios y obtención fraudulenta de dólares preferenciales a través de CADIVI. Todo giraba alrededor del caso Microstar, una operación de importación de equipos informáticos por 27 millones de dólares, que la fiscalía calificó de ficticia. Allí empezó el retardo procesal como estrategia para mantenerlo preso de manera arbitraria y sin juicio alguno. Eligio Cedeño, era un preso de Chávez por dos motivos, financió a la oposición política, ayudó con dinero al líder sindical Carlos Ortega a salir del país por los llamados caminos verdes, eran amigos personales. En segundo lugar, hay rumores que Eligio Cedeño dejo plantada a la hija del presidente, María Gabriela.

Afiuni no es solo la historia de una jueza, es el manual de instrucciones de como se mata a un poder judicial entero. La ultima noticia de este sonado caso fue el levantamiento de la pena, su liberación definitiva, dando por concluido el caso. Veamos como lo explica Telma Fernández, quien es abogado penalista y abogada de María Lourdez Afiuni:

“El Tribunal ha declarado la extinción de la pena por cumplimiento, pero no lo anuló. Significa que recuperó su libertad, pero para el Estado venezolano sigue siendo culpable. Hay un cierre definitivo de la causa penal, después de casi 17 años, marcado por sufrimiento, horror, de violaciones al debido proceso y a los derechos humanos. Pero, hay que dejar claro, que esta extinción no borras los años de tortura física y psicológicas en contra de la jueza Afiuni y los daños a su familia. Por eso no podemos decir que se hizo justicia. Habrá justicia cuando se reconozca la verdad, cuando se reconozca lo que verdaderamente hubo detrás de ese caso a Eligio Cedeño. Cuando haya reparación del daño y cuando todos y cada uno de los funcionarios que incurrieron en todas las atrocidades que sufrió la juez Afiuni, que rindan cuentas ante la justicia y paguen por sus delitos. En fin, de cuentas, que se reconozca que a María Lourdez Afiuni no se le persiguió porque dictó una decisión judicial que viola la ley, sino por cumplirla. Una decisión que resultó incomoda al poder político. Cuando haya una reparación integral de los daños. Cuando quede definitivamente en el pasado y los jueces puedan dictar decisiones ajustadas a derecho, con libertad, con honor y con imparcialidad, sin quedar sometido a intereses políticos de turno.

El caso de la jueza Afiuni es el caso del preso político con más pronunciamientos internacionales en lo que respecta a violaciones de derechos humanos y en lo que se refiere a la falta de independencia judicial en Venezuela. Hay abierta una demanda con el tema de la indemnización que no ha tenido resultado hasta la fecha, pero que la tendrá. Y el Estado Venezolano, sin importan quien este en el poder en ese momento, debe responder y debe reparar de manera integral todo el daño que sufrió la jueza Afiuni, desde restitución, anulación de la sentencia y restitución económica.

Finalmente, y no es poca cosa, la jueza María Lourdez Afiuni tiene serios problemas de salud, se le encontraron tres tumores oncológicos, los cuales deben ser tratados con extrema urgencia. La degradación de la jueza Afiuni no es un hecho fortuito, no es un hecho aislado. Hay que recordar que durante mucho tiempo se le negó la atención medica oportuna, adecuada y de su libre elección y eso fue haciendo mella en su salud, aparte del daño directo que se le causó cuando fue victima de una violación sexual por funcionarios del Estado, en donde se le destruyeron órganos importantes. Son torturas físicas y psicológicas que dejan su secuela moral y orgánica. Ella quiere ir pronto a los Estados Unidos para internarse y recuperarse fuera, al lado de su hija y de sus nietos. Entonces la lucha ahora es por la agilidad de recuperar sus documentos necesarios para poder salir del país”.

La abogada Telma Fernández habla de los responsables, aunque no los nombra, ellos saben quiénes son. Son aquellos que les recae el llamado espíritu de la culpa. El columnista Jorge Luis Garcés, en un articulo del 11 de agosto titulado: Caso Afiuni: El espíritu de la culpa nos dice: “En el derecho penal, la culpa tiene una definición precisa y fría. Para la dogmática penal -como bien sistematizo Hanz Welzel -, se trata de una infracción al deber objetivo de cuidado: la inobservancia de la dirección finalista de la voluntad que, pudiendo y debiendo evitarse, se materializa en un daño. Pero hay otra culpa, una que no aparece en ningún código y que, sin embargo, pesa más. Es el espíritu de la culpa: esa mancha que se lleva en lo más hondo del alma cuando a sabiendas y de la inocencia y de la infamia que se está cometiendo, se elige seguir adelante. Hay un engranaje donde cada pieza fue cómplice necesaria de la atrocidad. Chávez dio la orden en cadena nacional. Ortega Diaz acuso; dio forma jurídica a la persecución. El juez Manuel Antonio Bognano condenó; firmo la sentencia por cinco años por “corrupción propia” cuando ni siquiera la Fiscalía pudo demostrar que hubiera existido un solo bolívar de por medio. Y para cerrar el cerco de la infamia, la magistrada Elsa Janeth Gómez Moreno, desde la Sala de Casación Penal del TSJ actuó como ponente para calificar aquel despropósito sellando con su firma la violación de la arbitrariedad en la máxima instancia. Y por si fuera poco, en el INOF ejecutaban”  

Esta es, a grandes rasgos la historia de nuestro Poder Judicial, de la justicia venezolana en los últimos cincuenta años. La sociedad venezolana esperaba grandes cambios con “el gendarme necesario” y lo que vino fue la barbarie, que no tiene comparación con el acontecer político, social e histórico desde que somos república, desde 1830. Nótese que en la cita introductoria la juez María Lourdez Afiuni se equivoca en la percepción que tiene del régimen chavista e incluso que su caso no pasaba de dos años.  El historiador Elías Pino Iturrieta habla que el chavismo no solo es antirrepublicano, sino que escarbo en las viejas mentalidades colonialistas de la sumisión y la hegemonía absolutista, su naturaleza nunca fue, ni lo será democrática.   Termino con un planteamiento de la ya citada Margarita López Maya que, si bien es el final de uno de sus libros con fecha de 15 de julio de 2016, tiene hoy en día una gran vigencia:

“El desafío es entonces enorme, porque no se trata de transitar una nueva epopeya heroica, otro sueño de grandeza desproporcionado, sino de plantar las bases de una autentica republica civil y democrática. Para ello hará falta el esfuerzo sostenido de todos, con la mirada puesta en un horizonte que empiece por valorar la vida cotidiana con sus rutinas y pequeñas conquistas diarias, con educación de calidad, en el camino hacia crecientes libertades e igualdades para todos, en el marco del imperio de la ley. Caracas, 15 de julio de 2016.

Con la acotación, que sería un error echar al olvido tantas víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus responsables, aun en libertad, que se han acumulado desde 2014 en adelante, porque es cultivo para que persista el resentimiento, el odio social y la impunidad. Esa ha sido, en gran parte, la tragedia venezolana.